En este artículo se recuerda que Chile tiene un desempeño educativo deficiente, el que no se origina en aquellos factores que tradicionalmente se citan para explicar esta situación. Ni nuestro gasto por estudiante, nuestra elevada desigualdad o el tamaño de las salas de clases son suficientes para justificar nuestro mediocre desempeño. Asimismo, enfatizamos que el sector educación tiene instituciones débiles y mal articuladas que invitan a una dilución de responsabilidades y a un inadecuado control de establecimientos educativos, pero, además, a un mal diseño de las políticas educativas. Se requieren unidades profesionales eficientes y efectivas con propósitos definidos. Entre otros, se propone un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, muy distinto al proyecto de superintendencia que se tramita en el Congreso. Asimismo, se aborda la situación docente donde el marco regulador de las condiciones laborales de los profesores, así como su insuficiente preparación, deben modificarse sustancialmente. Se sugieren mecanismos institucionales que creen incentivos para asegurar una mejor formación inicial docente. Se concluye con una discusión sobre el financiamiento de la educación, señalando algunas deficiencias en su diseño.